Protección y programas de transferencias monetarias

Introducción al sector de Protección

El sector de Protección se ocupa de la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas afectadas por desastres o conflictos armados y tiene como objetivo coordinar la respuesta para abordar tanto las preocupaciones de protección inmediata como la prevención y reducción efectivas de los riesgos de protección. El sector de Protección comprende cuatro esferas de responsabilidad distintas, a saber: Protección de la infancia, Violencia basada en el género, Actividades relativas a las minas y Vivienda, tierra y propiedad, que proporcionan asesoramiento técnico y apoyo en sus áreas especializadas.

Las actividades de protección pueden incluir acciones preventivas encaminadas a detener, prevenir o aliviar los peores efectos de los abusos, acciones correctivas para ayudar a las personas a recuperarse y acciones de fortalecimiento del entorno para crear o consolidar un entorno propicio al pleno respeto de los derechos de las personas y los grupos. Una respuesta de protección puede incluir esfuerzos de promoción, así como programas de asistencia diseñados para promover los derechos, la seguridad y la dignidad de las personas de interés, incluyendo entre otros: asistencia legal, información a la comunidad, manejo de casos y creación de espacios seguros para las personas vulnerables.

Con el respaldo de la Política de protección en acción humanitaria del Comité Permanente entre Organismos (2016) (en inglés), que hace hincapié en la responsabilidad colectiva y la contribución a los resultados de la protección por parte de todos los agentes de la acción humanitaria, el sector de Protección apoya el análisis de la protección integrado y en profundidad, el monitoreo continuo de la protección, así como la incorporación de la protección, tanto dentro de cada sector como en todos los sectores en conjunto.

¿Cómo se utilizan los programas de transferencias monetarias en el sector de Protección? 

Los programas de transferencias monetarias (PTM) se utilizan en programas de protección para atender una serie de necesidades de protección individual y familiar, y están diseñados para lograr resultados de protección específicos que pueden variar según el contexto y están sujetos a la protección y al análisis de riesgos para un contexto específico. Esto incluye transferencias en efectivo incondicionales para las necesidades básicas de las personas con necesidades específicas y vulnerabilidades agudas, padres solteros con múltiples dependientes, menores no acompañados, personas con discapacidades, sobrevivientes de la violencia y otras categorías de personas consideradas con mayor riesgo de protección. Los PTM también podrían utilizarse como parte de una prevención y respuesta a la violencia sexual y basada en el género (VSG), por ejemplo, como asistencia de respuesta de emergencia y dietas para los sobrevivientes de la VSG. Las transferencias en efectivo incondicionales y condicionadas también podrían utilizarse para apoyar soluciones duraderas para las personas desplazadas, ayudando al regreso voluntario con los costos asociados al transporte, la reintegración y las necesidades básicas. En algunos contextos, las asistencia en efectivo y los subsidios se utilizan para permitir el acceso a la asistencia jurídica y a las compensaciones. Por ejemplo, la asistencia en efectivo podría utilizarse para sufragar los gastos de representación legal, documentación civil, transporte para asistir a las audiencias judiciales o visitas a las oficinas gubernamentales.

¿Cuáles son los principales retos para mejorar la calidad de los PTM en el sector de Protección? 

La evidencia basada en el uso de los PTM en la programación de protección sugiere que la asistencia en efectivo tiene posibilidades de lograr resultados de protección, aunque a corto plazo, limitados al período de asistencia. Es poco probable que la asistencia en efectivo por sí sola logre resultados significativos de protección a largo plazo si no está integrada en los sistemas de gestión de casos y de referencias y no va acompañada de servicios complementarios y programación intersectorial. El desafío consiste en garantizar que se dispone de recursos suficientes, incluidos plazos de financiación más largos, capacidad del personal y disponibilidad de servicios de calidad para permitir una programación integral de la protección.

Si bien la evidencia sobre el uso de la asistencia en efectivo en la programación de protección está creciendo, todavía quedan brechas en cuanto a determinar cuál es la mejor manera (diseño de modalidades de asistencia en efectivo y servicios complementarios necesarios) de alcanzar resultados de protección a más largo plazo a través de la programación integrada, incluidos los programas de transferencias monetarias. Otros desafíos incluyen, entre otros, el compromiso político de los actores de los gobiernos locales, la resistencia de los socios en la ejecución a aceptar los programas de transferencias monetarias, incluso si se apoya en evidencias suficientes sobre su eficacia, una coordinación efectiva limitada a nivel de los programas y las políticas, la disponibilidad de servicios estatales de calidad, así como el mecanismo de quejas y retroalimentación de calidad que permite la comunicación bidireccional entre los proveedores de servicios y los receptores.