El vínculo entre la protección social y los programas de transferencias monetarias en la acción humanitaria

La importancia de la protección social para ayudar a las personas a hacer frente a las crisis nunca había sido tan evidente como en la crisis actual de COVID-19. Estas cuestiones se están materializando en tiempo real mientras los Gobiernos, donantes y organizaciones de ayuda se afanan por encontrar el modo de ofrecer asistencia a un mayor número de personas para que puedan hacer frente a las consecuencias económicas de la epidemia y el confinamiento. Los límites de la asistencia social actual y la función vital de las organizaciones humanitarias internacionales en lugares como la República Centroafricana y Afganistán pasarán a un primer plano a medida que el virus comience a propagarse en zonas en conflicto, en campamentos para personas refugiadas y en los países más pobres del mundo.

Cada vez cobra más fuerza la idea de hacer que la protección social sea más sensible a las crisis y que esté más vinculada a las respuestas humanitarias. Países y regiones como Turquía, Yemen, Filipinas, el Sahel y el Caribe están acumulando un vasto conjunto de experiencias al respecto. Se están desarrollando bases teóricas apoyadas en marcos que demuestran cómo la protección social puede responder mejor a crisis mediante la expansión vertical (proporcionando una mayor asistencia a las personas en regímenes de protección ya existentes); la expansión horizontal (proporcionando asistencia a más personas ampliando la cobertura de la protección social); y otras opciones, como armonizando el apoyo con sistemas ya establecidos.

¿Por qué resulta difícil establecer este vínculo?

El debate sobre la vinculación de las iniciativas de los programas de transferencias monetarias en la acción humanitaria y los programas de protección social no es nuevo y presenta una terminología cambiante: el sector ha pasado  por “de la asistencia al desarrollo”, el “continuum”,   la ” resiliencia” y más recientemente, “el nexo humanitaria-desarrollo”. Todo ello se fundamenta en las peticiones para lograr una mayor cooperación entre los actores humanitarios y del desarrollo, por un lado, y la sociedad civil y los Estados afectados por desastres, por el otro.  Un factor que ha dificultado el debate es la creencia de que establecer mayores vínculos sería algo positivo y fácil de conseguir si los actores humanitarios y del desarrollo se comunicasen más entre sí. Si es algo tan positivo y fácil de conseguir, ¿por qué ha resultado tan difícil llevarlo a la práctica? Los estudios tienden a ignorar las diferencias fundamentales en cuanto a principios, enfoques y maneras de trabajar que han dificultado el progreso en este sentido.

Posturas divergentes sobre la función del Estado constituyen la base de estas diferencias. La protección social en el plano del desarrollo consiste en el apoyo que los actores internacionales prestan a los Estados para que estos ofrezcan asistencia a su ciudadanía como parte de un contrato social. La acción humanitaria se ha autoposicionado como independiente de los Estados y como proveedora en última instancia cuando las capacidades de los Estados se ven superadas o cuando son partes en un conflicto. Para determinar si es conveniente vincular la protección social y los programas de transferencias monetarias en la acción humanitaria y, de ser el caso, de qué manera puede hacerse, podría resultar más útil reflexionar sobre qué implican estas diferencias a la hora de mantener un equilibrio adecuado entre la labor de desarrollo y la acción humanitaria en diferentes lugares.

No ceñirse a los aspectos técnicos

Estas interrogantes se aplican igualmente a las necesidades en cuanto a formación y desarrollo de capacidades. Este blog parte de una revisión de CALP Network de la formación existente y las carencias relacionadas en cuanto a los esfuerzos para vincular la protección social y los programas de transferencias monetarias en la acción humanitaria. El COVID-19 ha puesto de manifiesto esta necesidad y la magnitud de dicha tarea.

El tema de la formación normalmente se aborda desde un punto de vista técnico: formar a actores de protección social para que tengan en cuenta posibles riesgos y a actores humanitarios para que se involucren en la asistencia social a mayor largo plazo. La teoría del cambio implícita parte de la premisa de que, si se otorgan a las personas las habilidades y los conocimientos técnicos necesarios, estas pueden conseguir que la protección social sea más sensible a las crisis. Aunque esto pueda resultar útil, no es suficiente a menos que se aborden de manera explícita las tensiones entre distintos enfoques y las cuestiones políticas en zonas inestables y afectadas por conflictos. Las organizaciones de ayuda requieren competencias para abordar dilemas clave como:

• ¿La asistencia social en conflictos debería ser neutral, imparcial e independiente? ¿Los actores humanitarios pueden mantener su compromiso con los principios humanitarios mientras colaboran con la asistencia social proporcionada por el Gobierno? ¿Deberían los actores del desarrollo (como el Banco Mundial) respetar estos principios?
• ¿Es posible vincular la protección social y los programas de transferencias monetarias en la acción humanitaria en lugares no controlados por el Gobierno? ¿Implicaría esto que los actores internacionales de ayuda trabajarían con grupos armados no estatales? ¿Sería factible según la legislación actual de lucha contra el terrorismo?
• En lugares como Jordania, Líbano y Uganda, ¿cómo pueden las organizaciones de ayuda persuadir y apoyar a los Gobiernos para que estén dispuestos a incluir a las personas refugiadas en sus sistemas nacionales?

Para abordar estas cuestiones no se requieren soluciones técnicas. Aunque no sea posible formar a las personas para que encuentren las respuestas correctas, es necesario que dispongan de las capacidades analíticas y de los marcos éticos adecuados para tomar decisiones informadas sobre el camino a seguir. Esto es especialmente relevante para la respuesta ante el COVID-19. ¿Cómo vamos a proporcionar asistencia a las personas a medida que el virus se propaga en Afganistán, en campamentos para personas refugiadas y en zonas de Siria controladas por la oposición?

Algunas cuestiones técnicas fundamentales también presentan dificultades. Una cuestión pertinente tiene que ver con la combinación adecuada de protección social sensible a las crisis y las instituciones independientes de gestión de emergencias. ¿Sería mejor que algunos Estados proporcionasen una asistencia social básica centrándose solo en el componente a largo plazo y disponiendo de sistemas independientes de gestión de emergencias?

La crisis de COVID-19 está haciendo evidente la responsabilidad fundamental que tienen los Gobiernos de responder a nivel nacional. la CALP Network y otros actores pueden desempeñar una función importante a la hora de favorecer la formación, el asesoramiento con mentores, el debate y la coordinación necesarios a medida que las organizaciones humanitarias y del desarrollo tratan de superar este reto.